Aportes para reflexionar juntos sobre la problemática de la Vivienda en la Diócesis de San Isidro

De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares[1], alrededor de 2 millones de personas en Argentina habitan en estos barrios, con un alto grado de precariedad en su calidad de vida. Su situación de tenencia es irregular y no tienen acceso a los servicios públicos básicos. Son alrededor de 800.000 hogares distribuidos en unos 4.100 barrios[2] a lo largo de todo el país. En nuestra Diócesis que abarca los partidos de San Fernando, San Isidro, Tigre, y Vicente Lopez, se relevaron 87 barrios en los que habitan aproximadamente 20.500 familias[3] .

La situación de nuestros hermanos y hermanas que habitan en dichos barrios no nos puede ser ajena. La vivienda es parte de las necesidades básicas de todos. Resulta un componente esencial de la vida que nos permite ejercer nuestros derechos como ciudadanos y como miembros de una familia y una comunidad. La dignidad de la vida reclama una vivienda donde poder construir un hogar en el que se desplieguen los afectos, la solidaridad, el descanso y el esparcimiento. Donde los chicos encuentren un lugar para crecer, jugar, estudiar y desarrollarse junto a sus mayores en un ambiente seguro y tranquilo. Muchas veces, a la precariedad de esta situación, se agregan otros problemas, como la inseguridad, el delito y la falta de accesibilidad.

A lo largo de los años, no se ha encontrado claridad en la manera de encarar eficazmente esta realidad.

Entendemos que cualquier camino de solución a estos problemas debe partir de un principio indiscutible: todos los que habitamos en una misma ciudad tenemos el derecho a vivir integrados y a ser incluidos en la vida urbana, respetando y valorando nuestras diversidades culturales y diferentes costumbres.

Este principio nos desafía como sociedad a encontrar soluciones que aseguren la inclusión de todos y a dejar de lado el modelo de la erradicación como única opción posible.

Todo trabajo de integración urbana resulta de largo aliento, pero habrá que priorizar aquellos casos más críticos y trabajar sin dilaciones y de manera constante y sistemática en la provisión de servicios básicos como iluminación, cloacas y asfalto entre otras cuestiones. Cuando estamos acostumbrados a vivir con estos servicios nos resulta muy difícil imaginar la vida cotidiana sin ellos.

Hace unos pocos años, en las Naciones Unidas, la comunidad internacional asumió una serie de compromisos denominados “Objetivos para el Desarrollo Sustentable” (ODS), para lograr antes del 2030. En relación a la problemática que abordamos, el ODS 11 propone “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles“[4].

Nuestra república democrática precisa asumirnos como ciudadanos bajo una misma Constitución, cuyos derechos -entre ellos la vivienda- sean accesibles para todos.

El Estado en sus distintos niveles, las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos debemos seguir transformando juntos esta realidad de manera consistente. Esta tarea, que como ya dijimos nos compromete a todos, requiere de un diálogo respetuoso y sincero en la búsqueda de consensos con las familias afectadas.

Es necesario reconocer y promover el derecho a la vivienda y al hábitat digno, de modo que todos seamos parte de una misma comunidad y constructores activos de ella.

La tarea no es sencilla y tampoco tiene respuestas simples. Sabemos que precisa no sólo de la voluntad política de quienes nos gobiernan, sino que requiere de un compromiso amplio que reconozca y apoye los diversos esfuerzos que ya se están haciendo para lograrlo.

Como nos dice el Papa Francisco, “Sigamos trabajando para que todas las familias tengan una vivienda y para que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada (…) y todas las cosas que crean vínculos y que unen”[5].

Por todo ello, invitamos a la comunidad diocesana a asumir con fuerza este desafío, construyendo una voz y mirada común de la problemática que deje de lado la demanda de “erradicación” y que asuma el clamor por la “inclusión”.

Bajo el amparo de la Virgen de Luján, dejamos estos aportes como invitación a la reflexión para que se sigan abriendo caminos de integración.

San Isidro, 11 de Septiembre de 2017.

[1]              Este Registro fue realizado durante el año 2016 y finalizado en el mes de mayo de 2017 en un esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, organizaciones y movimientos sociales y Cáritas Argentina. Se identificaron y visitaron los Barrios Populares del país para relevar a sus habitantes. Las entrevistas fueron realizadas por vecinos de los propios barrios.

[2]                      Se ha definido como “Barrio Popular” a aquel que reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

[3] Información extractada del Registro Nacional de Barrios Populares (ver nota 1).-

[4]                      http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

[5]                      Discurso del Papa Francisco el 28 de Octubre de 2014 en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en Ciudad del Vaticano.